La controversia se ha centrado en una propuesta impulsada por la ministra Lenia Batres, quien busca modular la obligatoriedad automática de la consulta previa, reservándola a casos donde la ley restrinja o afecte negativamente los derechos.
Debate en la SCJN: ¿En riesgo la consulta previa obligatoria a personas con discapacidad?
